La propuesta legislativa que busca salvaguardar el Parque de las Cavernas del Río Camuy continúa en el limbo, mientras la gobernadora mantiene en evaluación la medida aprobada por la Legislatura. El proyecto en cuestión fue aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con el propósito de garantizar que la gestión, operación y conservación del emblemático parque natural permanezcan bajo la administración exclusiva del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Aunque hay un acuerdo legislativo, la gobernadora todavía no ha decidido si aprobará la propuesta que recibió el 25 de junio. Ante las preguntas de varios grupos, la gobernadora afirmó que está revisando la iniciativa con el apoyo de sus consultores y equipo legal. Indicó que cualquier resolución debe realizarse «de manera responsable», después de evaluar sus consecuencias legales y administrativas.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy, reconocido como un tesoro del patrimonio natural de Puerto Rico, ha sido centro de numerosas discusiones en años recientes debido a sugerencias de privatización o transferencia parcial de su gestión a otras entidades. La legislación reciente intenta impedir exactamente esas opciones, estipulando legalmente que cualquier gestión vinculada al parque debe quedar bajo la administración del DRNA, la autoridad con experiencia en la gestión ambiental y la preservación de ecosistemas.
El documento legal aborda inquietudes planteadas por grupos ambientalistas, residentes locales y trabajadores del sector público, quienes temen que un sistema de concesión a empresas externas pueda conllevar al deterioro de este bien natural o a la exclusión de comunidades desfavorecidas del acceso al mismo. Varias personas han expresado su preocupación sobre que se privilegien los objetivos comerciales en detrimento de la conservación medioambiental.
El DRNA ha manifestado disposición para una administración compartida que posibilite colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro o de la iniciativa privada, siempre que estén bajo la supervisión del gobierno. No obstante, grupos legislativos y ciudadanos han demandado una garantía más sólida para prevenir que el parque se transforme en un proyecto turístico sin regulaciones ambientales.
Durante su conferencia de prensa semanal, la gobernadora no ofreció detalles sobre si mantiene una postura favorable o contraria a lo establecido en el proyecto. Su equipo reiteró que se encuentran revisando cada aspecto de la medida y evaluando su viabilidad en términos presupuestarios y legales. Mientras tanto, la falta de una decisión alimenta la incertidumbre sobre el futuro del parque.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy abarca tres municipios en la región norte de la isla y es hogar de uno de los sistemas de cuevas más extensos del hemisferio occidental. Durante muchos años, ha sido un punto de interés turístico crucial, además de servir como un lugar para la investigación científica y la preservación. El huracán María en 2017 causó graves destrozos en su infraestructura, y desde entonces, su reapertura ha sido gradual y ha enfrentado numerosos desafíos.
El reinicio total del parque aún está en espera, y algunas áreas piensan que la aprobación de esta legislación podría facilitar la obtención de recursos y definir una estrategia clara de protección. No obstante, hay inquietudes sobre la actual capacidad operativa y financiera del DRNA para asumir completamente esta obligación.
Aunque se espera la resolución por parte de la gobernadora, el asunto ha generado gran interés entre la población, especialmente en áreas vinculadas al medio ambiente, la academia y el turismo. La prolongación de la incertidumbre podría demorar todavía más las iniciativas para renovar el parque y fortalecer su papel en el fomento del ecoturismo y la enseñanza ambiental.
El desenlace de esta medida marcará un precedente para otros recursos naturales del país, en momentos en que se intensifican los debates sobre el manejo de bienes públicos y la participación de entes privados en su desarrollo. La firma o veto de esta propuesta legislativa tendrá implicaciones duraderas sobre el modelo de gobernanza ambiental que se aplicará en Puerto Rico en los próximos años.
